El pueblo de Emberachamí en el departamento de Risaralda, Colombia, ha resultado conmocionado ante la brutal violación de una niña indígena por parte de siete militares colombianos. La sociedad ha expresado un repudio unánime.Ante los cargos presentados, los agresores los han aceptados. Acusados de delito de acceso carnal abusivo. Seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.Se informó que la menor, de 12 años de edad, se encontraba sola recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, cuando los siete uniformados la secuestraron y violaron durante la noche del pasado lunes, en el caserío de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico.La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la acusación la mañana del miércoles en un comunicado en el cual el gobernador del resguardo Gito Dokabuembera katío, Juan Dios Queragama exigió a las autoridades sean entregados a la justicia indígena a los militares implicados.“Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katío, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”, expresó Queragama.El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico informó que los militares fueron enviados a la prisión del batallón al que corresponden, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.
“Mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia”, expresó Barbosa, quien agregó que “en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”.Las cifras de Colombia apuntan que en el 2019 más de 22,000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 asesinados.“Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad”, expresó el Defensor del Pueblo.Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, en el del Batallón San Mateo, fueron relevados de sus servicios.
